Antoliano Peralta desmiente interpretaciones erróneas sobre las funciones que se transferirán desde el Ministerio Público.
Solo dos funciones pasarían al nuevo ministerio
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aclaró que el proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia no contempla una transferencia masiva de funciones desde el Ministerio Público, como han sugerido algunos medios. Según precisó, solo dos atribuciones específicas serían trasladadas: la administración del sistema penitenciario y la supervisión del registro de asociaciones sin fines de lucro.
Rechazo a información inexacta publicada en medios
La declaración se produce tras la publicación de un artículo en dos diarios nacionales que, de acuerdo con Peralta, incluía afirmaciones incorrectas sobre el contenido del proyecto legislativo aprobado en primera lectura por el Senado.
“La gran mayoría de los departamentos mencionados en la reseña periodística se refieren a funciones propias del Ministerio Público y que no son abordadas de forma alguna en el proyecto de ley”, puntualizó.
Entre las funciones que no serán transferidas y que siguen bajo el ámbito del Ministerio Público, mencionó: la representación de víctimas, las extradiciones, la administración de bienes incautados, el control de alquileres y desahucios, y la ejecución judicial.
Aclaración sobre estructura y nombre del ministerio
Peralta también criticó errores relacionados con el nombre oficial de la entidad y la cantidad y títulos de los viceministerios que formarían parte de la estructura organizativa del futuro Ministerio de Justicia.
Recalcó que estas inexactitudes podrían generar confusión entre la población y otros sectores del país, por lo que instó a consultar el contenido real del proyecto aprobado, disponible en el Senado.
“Con esta aclaración exhortamos a verificar el contenido exacto del proyecto de ley, para garantizar una comunicación veraz y certera”, enfatizó el funcionario.
Un llamado a la responsabilidad informativa
Finalmente, Antoliano Peralta advirtió que la difusión de información imprecisa podría inducir a error a otros actores sociales o legislativos, por lo que hizo un llamado a la responsabilidad periodística y ciudadana para no replicar interpretaciones que no corresponden con el texto aprobado.
