El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo impulsa una alianza estratégica entre el Gobierno, organizaciones sin fines de lucro (ASFL) y el sector privado con el fin de promover el desarrollo sostenible en la zona fronteriza de la República Dominicana.
Impulsando el progreso desde lo local
La reunión, celebrada en la sede del Ministerio, fue encabezada por Erick Dorrejo, director de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza, y Emely Tejeda, del CASFL, quien representó a la directora ejecutiva Vielka Polanco. Durante el encuentro, se expusieron los logros y avances del Programa CAHD (Conectar Asentamientos Humanos al Desarrollo), activo en 50 comunidades fronterizas.
“Buscamos ampliar el alcance de este programa y cubrir necesidades críticas de financiamiento, involucrando de manera directa al sector empresarial”, afirmó Dorrejo.
El Programa CAHD es parte integral de la estrategia MiFronteraRD, que identifica las demandas sociales y brechas estructurales en la región fronteriza, orientando así las inversiones hacia un desarrollo equitativo y sostenible.
Avances notables en comunidades vulnerables
Entre 2022 y 2025, el programa ha logrado importantes resultados:
- Más de RD$590 millones en inversión social.
- 37 comunidades electrificadas con energía renovable.
- 800 kWp de capacidad energética instalada.
- 13 comunidades conectadas a internet.
- 66 viviendas construidas o mejoradas.
- 90 baños sanitarios construidos.
- 5 acueductos instalados.
Estas acciones han sido posibles gracias a la colaboración de entidades como el IDDI, Guakía Ambiente, Natural Power, Techo-RD, FUNDEPRO, Fundación Popular, ADEFRO, CONEP, entre otras.
Integración del sector privado
Durante la jornada, los gremios empresariales expresaron su interés en fortalecer su participación en el desarrollo regional. La articulación entre el Estado, las ASFL y el sector privado se presenta como una vía efectiva para construir comunidades resilientes y sostenibles en las provincias más vulnerables.
Emely Tejeda explicó el marco legal de las ASFL conforme a la Ley 122-05, y destacó el rol del CASFL como plataforma de coordinación participativa entre el Estado y la sociedad civil.
