Santo Domingo. – El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, calificó como un paso significativo para la economía y el desarrollo energético del país la reciente aprobación en segunda lectura por parte del Senado de la modificación al artículo 4 de la Ley 4532, de 1956, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos.
Atraer inversión extranjera y dinamizar la economía
Santos explicó que esta modificación permitirá que empresas extranjeras puedan participar directamente en la exploración de yacimientos de petróleo y gas natural en República Dominicana, con lo cual se fomenta la inversión internacional y se impulsa la dinámica económica nacional.
“Es una oportunidad para que el país se fortalezca energéticamente sin comprometer el presupuesto del Estado. El riesgo y la inversión corren por cuenta del inversionista”, afirmó el ministro.
Participación dominicana mínima garantizada
El nuevo artículo exige que las empresas extranjeras incluyan una participación societaria mínima de un 15 % para inversionistas dominicanos, sin que esto represente el porcentaje de beneficio final para el Estado. El contrato de producción se negociará en una etapa posterior, y según Santos, el mínimo que suele recibir el Estado en la industria internacional ronda el 45 %.
Segunda ronda petrolera en 2026
Como parte de su estrategia energética, el Ministerio tiene previsto lanzar una segunda ronda petrolera en noviembre de 2026, fortalecida por esta modificación legal. Para ello, ya se trabaja en una licitación para adquirir data sísmica 2D y 3D, que permitirá identificar con precisión las zonas con mayor potencial de hidrocarburos en el territorio nacional.
“Tener una base de datos moderna nos da ventajas competitivas y transparencia. Esa información será de libre acceso para los inversionistas”, señaló Santos.
Alineación con la Constitución dominicana
La reforma también busca adecuar la ley a lo establecido en el artículo 221 de la Constitución, el cual garantiza la igualdad de condiciones entre inversión nacional y extranjera, en concordancia con el interés público.
Una vez aprobada por el Poder Ejecutivo, esta modificación no solo abre las puertas al capital foráneo, sino que también refuerza el marco jurídico para un desarrollo energético sostenible y competitivo.
